El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, Juan Álvarez Andrade, fue condenado a cinco años de prisión suspendida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura al haber sido hallado responsable del delito de peculado doloso por la entrega de administración de bienes públicos de manera directa sin la aprobación del Concejo Municipal.
confirmó en segunda instancia la sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida, contra el alcalde del distrito de Chancay (Huaral), Juan Álvarez Andrade. 🏛️📄
Así lo informó hoy jueves 19 de marzo el Distrito Fiscal de Huaura que precisó que la sustentación de la acusación estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura.
El Ministerio Público afirmó que el
alcalde Juan Álvarez fue sentenciado por hechos ocurridos entre los años 2017 y 2018, periodo en que ejerció el mismo cargo edil. Durante esas fechas, su gestión recibió provisionalmente la
administración de los servicios higiénicos recién construidos como parte de un proyecto turístico integral ejecutado por el Gobierno Regional de Lima.
Según la investigación del Ministerio Público, a cargo de la fiscal adjunta provincial Steefanny Cherres Pacora, el alcalde entregó, directamente y sin aprobación del Concejo Municipal, la administración de dichos servicios higiénicos a favor de terceros, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) establece que los bienes municipales pueden ser cedidos en uso solo por acuerdo del Concejo Municipal.
La representante del Ministerio Público acreditó que dichos particulares lucraron con los servicios higiénicos, desde el alquiler de los baños y duchas hasta la venta de productos, no habiendo sido autorizados documentalmente para el uso del bien mediante algún contrato o resolución respecto a la concesión en uso o arrendamiento de dichos bienes.
La Municipalidad de Chancay tampoco recibió alguna contraprestación (renta municipal) proporcional a la utilización de estos, lo que constituye un perjuicio económico para la entidad edil. En tal sentido, el alcalde benefició durante varios años a los particulares, con quienes mantenía un vínculo de amistad, infringiendo sus deberes funcionales de defender y cautelar los derechos e intereses del Estado.
La sentencia alcanza también a dos personas que se vieron favorecidas con el actuar ilícito del alcalde: Julia Romero y Olinda Martínez, quienes fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida.
Los sentenciados, incluyendo al alcalde de Chancay, deberán pagar una reparación civil de 15,000 soles a favor del Estado, precisó el Ministerio Público.
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