20:37 | San Martín, mar. 11.
El Juzgado Unipersonal de Tocache emitió una sentencia condenatoria contra el exdirector del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Francisco Vigo Caballero, del distrito de Uchiza, en la región San Martín, tras hallarlo responsable del delito de peculado doloso en agravio del Estado.
El condenado es Esmirio Erotides Castillo Gonzales, quien durante su gestión al frente de dicha institución educativa autorizó acciones que derivaron en el uso indebido de recursos públicos. En el mismo proceso judicial también fueron sentenciados como cómplices Manuel Leonidas Mosquera Ruiz, exadministrador del instituto, y Gonzalo Julio Mejía Mendoza, especialista externo dedicado a la elaboración de proyectos y obras civiles.
De acuerdo con la resolución judicial, el magistrado dispuso cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva para los implicados. Sin embargo, la ejecución de la condena se hará efectiva una vez que la sentencia quede consentida o ejecutoriada, debido a que los acusados afrontaron el proceso en condición de libertad.
Asimismo, el fallo establece la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, medida que busca evitar que los sentenciados vuelvan a desempeñar funciones dentro de la administración del Estado. A ello se suma el pago de S/ 26,140 por concepto de reparación civil, monto que deberá ser abonado de manera solidaria en favor del Estado como compensación por los daños ocasionados.
Según la acusación presentada por el fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Juanjuí, Joe Collave Mantilla, los hechos materia del proceso ocurrieron entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Durante ese periodo, los entonces funcionarios habrían autorizado y tramitado pagos relacionados con servicios para la actualización de un expediente técnico, trabajos que en realidad nunca se ejecutaron.
De acuerdo con la investigación fiscal, los recursos destinados a dichos servicios terminaron siendo apropiados por los implicados, generando un perjuicio económico al Estado estimado en S/ 16,140. Esta irregularidad fue detectada posteriormente y motivó la intervención del Ministerio Público, que inició el proceso penal correspondiente.
El Ministerio Público recordó que todas las actuaciones dentro del proceso se desarrollan respetando los principios de presunción de inocencia, debido proceso y garantías constitucionales, conforme a lo establecido en la legislación peruana.
Cabe señalar que la investigación aún continúa respecto a otros dos implicados, identificados como Manuel Gómez y Jorge Espejo, quienes actualmente se encuentran en condición de reos contumaces, es decir, mantienen una situación de rebeldía frente a la justicia al no haberse presentado ante las autoridades judiciales.
Con esta sentencia, la Fiscalía Anticorrupción reafirma su labor de persecución de los delitos cometidos por funcionarios públicos y la defensa de los recursos del Estado, en especial aquellos destinados al sector educativo y al desarrollo de las instituciones públicas en la región.
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(FIN) NDP/TMC
Publicado: 11/3/2026