El juez Youl Riveros Salazar, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, ordenó 36 meses de prisión preventiva para seis integrantes de la organización criminal "Los Mandachitos de la Corrupción", acusados de anular multas de tránsito y liberar vehículos retenidos a cambio de sobornos.
Los
detenidos incluyen a funcionarios municipales, un policía y un tramitador, todos investigados por cohecho, tráfico de influencias y
organización criminal, según lo establecido por el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El magistrado destacó que existían miles de infracciones sin registrar en el sistema, respaldado por chats de WhatsApp y el testimonio de un colaborador eficaz, lo que confirmaba una estructura delictiva organizada bajo ese nombre.
Willy Wilson Cáceres Pauro, subgerente de Registro y Transportes, coordinaba con Franz Henry Quispe Ticona, de Asesoría Legal, y Jesús Virgilio Maquera Arrazola, de Liberación Vehicular, mientras Lourdes Zellydeth Pacco Yupanqui captaba a conductores dispuestos a pagar por anular sus sanciones.
Mario Flores Condemayta, tramitador, gestionaba influencias ante funcionarios, y el policía José Rolando Vilca Rivas, encargado de recibir las papeletas en la PNP, omitía registrar infracciones graves como M1, M2 y M3 en el sistema.
El juzgado calificó el daño como "altamente intenso", pues la red permitía que conductores ebrios quedaran sin sanción, poniendo en riesgo a la ciudadanía al mantener activos a infractores sin consecuencias.
Riveros Salazar consideró que, aunque los imputados tenían arraigo positivo, la gravedad de los delitos —con penas superiores a 15 años de prisión por organización criminal— y el daño causado justificaban la prisión preventiva.
El juez subrayó que José Rolando Vilca Rivas, al estar a cargo de registrar las papeletas, no podía ignorar el volumen anormal de infracciones no registradas bajo su responsabilidad, lo que refuerza su vinculación con la red.
Todos los defensores presentaron recurso de apelación al finalizar la audiencia, buscando revocar la medida dictada por el magistrado. La organización involucra a 15 investigados en total, entre ellos el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, cuya audiencia de prisión preventiva será programada en los próximos días.
El caso se enmarca en el artículo 317 del Código Penal, que tipifica el delito de organización criminal, y las investigaciones continúan para desarticular por completo la red.