El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció que en la segunda quincena de enero se anunciará la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que fusionará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
Indicó que la nueva institución permitirá tener una mejor visión de la trayectoria del delito, un mapeo más eficiente y generar indicadores para trabajar en algo muy importante: la prevención.
"Se toman medidas reactivas, pero no solo es eso, lo que tenemos que generar es prevención para evitar que se cometan más delitos, para evitar que tengamos hacinamiento, para evitar que crezca la inseguridad ciudadana. Y eso es a lo que estamos apuntando, es uno de los de los objetivos que tenemos con esta nueva superintendencia que próximamente vamos a implementar", sostuvo en entrevista con TV Perú.
El proyecto para la creación de Sunir está incluido dentro del pedido de delegación de facultades legislativas por 60 días presentado al Congreso de la República, buscando implementar acciones urgentes contra la crisis de seguridad y la criminalidad organizada.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó también que el endurecimiento del régimen penitenciario, implementado en el marco del estado de emergencia en diferentes regiones del país, busca poner orden en los establecimientos penitenciarios y acabar con malas prácticas. Asimismo,
"Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el principio de autoridad, algo que se estaba perdiendo y que no se habían preocupado gestiones anteriores, eso lo estamos haciendo ahora. Y ustedes lo están viendo con acciones concretas", señaló en entrevista con TV Perú.
Refirió que la desorganización permite tener a reos reos primarios mezclados con reos de alta peligrosidad, lo cual da lugar a lo que se denomina "escuelas de la delincuencia" y que se busca cortar con las acciones adoptadas desde el Gobierno.
Mencionó que se está separando a los reos de alta peligrosidad, entre ellos a cabecillas de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, secuestro, extorsión u homicidio, para llevarlos a penales como Challapalca o Yanamayo que tienen condiciones más duras en zonas altoandinas.
A ello se suma las dos horas de patio, la prohibición de estar en pasadizos y escaleras, restricción de visitas, el apagón eléctrico de tal forma que solo tengan iluminación, pero no tomacorrientes, enchufes o interruptores.
"Simplemente las condiciones mínimas, respeto a los derechos humanos, pero nada más(...).Ninguna otra gollería, se acabaron las gollerías. Estamos poniendo orden", subrayó.
(FIN) RMCH/JCC
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Publicado: 13/1/2026